Tepalcatepec y la supuesta “nómina” templaria: denuncias y opacidad en Michoacán

Habitantes y grupos de autodefensa han señalado que durante la administración de Guillermo Valencia Reyes al frente de la alcaldía de Tepalcatepec se infiltraron recursos públicos a favor de personas vinculadas con Los Caballeros Templarios, en lo que algunos pobladores describen como una “nómina” disfrazada dentro de la administración.

Denuncias documentadas en expedientes oficiales y revisiones de finanzas municipales señalan que el gobierno local habría pagado sueldos a familiares y allegados de presuntos integrantes de este cártel, así como a empleados sin funciones claras o “aviadores”.

Entre los nombres identificados por miembros de guardias comunitarias aparecen personas a las que se les asignaban salarios mensuales desde alrededor de tres mil hasta doce mil pesos, incluido el pago a familiar directo del propio alcalde.

La investigación, que comprende transferencias registradas entre mayo y septiembre de 2012, también apunta a contratos con empresas que recibieron recursos por servicios de obra o construcción sin evidencias de ejecución concreta, lo que genera sospechas sobre la posible utilización de fondos municipales para beneficiar a terceros con presuntos vínculos delictivos.

A pesar de que estos documentos fueron presentados ante el Congreso del Estado de Michoacán en 2013, las comisiones legislativas no han discutido ni ventilado públicamente el caso.

Por el contrario, informes de la Auditoría Superior del Estado emitieron constancias sin observaciones sobre el manejo financiero del municipio, salvaguardando la actuación oficial.

Valencia Reyes, expulsado de Tepalcatepec por autodefensas tras las acusaciones, ha empleado campañas mediáticas y abogados para sostener que él es víctima de una persecución injusta.

Su defensa argumenta que no existe prueba fehaciente que lo vincule con el crimen organizado y acusa a sus detractores de promover una narrativa que mezcla política local con la creciente violencia de Tierra Caliente.

Grupos comunitarios, que emergieron en respuesta al cobro de extorsiones y violencia de los templarios, demandan que se esclarezca el uso de los recursos y que se investigue si hubo presión del cártel sobre autoridades para infiltrarse en las estructuras municipales.